30 sept. 2008

IRRESPONSABILIDAD HISTÓRICA DE ORTEGA (por Edmundo Jarquín)

Con gran retraso en relación a otros países del continente, fue solamente en el tránsito del siglo XX al siglo XXI que Nicaragua alcanzó una etapa elemental y fundamental de la vida política moderna: la “desprivatización” del poder coercitivo, es decir, del poder de las armas.

Como resultado de la transición que se dio después de las elecciones de 1990, y con el activo papel positivo de quienes eran sus dirigentes, todos ellos procedentes de las filas de la revolución sandinista, las “fuerzas armadas de la revolución” pasaron a ser “fuerzas armadas de la nación”. Por primera vez en nuestra historia, las armas pasaron a ser un monopolio del Estado y de la ley. Atrás quedó la historia de fuerzas armadas privadas, ya sea de un partido político, o de una familia, o un caudillo. Antes, habíamos tenido ejército sandinista, guardia somocista, ejército liberal, ejército cachureco, etc, etc, etc.

Desde entonces, en medio de nuestras miserias políticas y materiales, los nicaragüenses hemos podido exhibir con orgullo la institucionalidad y profesionalismo del Ejército y la Policía. No es casualidad, por tanto, que según todas las encuestas, ambas sean las instituciones estatales de mayor prestigio y respetabilidad, y muy por encima de cualquier otra. Y ojalá así siga siendo.

Pero semejante avance histórico se está poniendo en riesgo por la irresponsabilidad, ambición y desenfreno autoritario del Presidente Daniel Ortega.

Los sucesos de León del sábado 20 de septiembre apuntan en esa dirección. Cuando bajo la dirección del Presidente de la República y Secretario General del FSLN, la dirigencia del FSLN de León organiza fuerzas de choque que armadas de palos, piedras, machetes, y mortíferos morteros, impiden una manifestación pacífica, que había sido autorizada por la Policía Nacional, y agreden a numerosos ciudadanos, la Policía Nacional fue puesta en un monumental conflicto de intereses.

Por un lado, la Policía sabe que tiene el deber de proteger y garantizar los derechos de reunión y manifestación de los ciudadanos, cuando los mismos son ejercidos de conformidad con la ley. Por otro lado, y muy afortunadamente, por su origen y convicción, no es una policía entrenada para reprimir por razones políticas.

En el caso de León, la Policía quedó en el peor de los mundos. No pudo proteger efectivamente los derechos políticos de los ciudadanos, pues la manifestación convocada y autorizada por ella no se pudo realizar, y no se impidió la agresión contra muchos ciudadanos. Tampoco, al tratar de garantizar esos derechos políticos, y concretamente permitir el acceso a la ciudad de León a ciudadanos que lo demandábamos, pudo evitar terminar enfrentándose con gases lacrimógenos y bastones a la turba que la agredió cuando demandó que despejaran la carretera. Porque este es el hecho verdadero del cual fui testigo: la Policía recurrió a los gases solamente cuando frente a su demanda para que despejaran la carretera, la turba Orteguista le contestó con una andanada de pedradas y una embestida de garrotazos.

Es cierto que sin esa actitud relativamente ambivalente de la Policía, la situación pudo haber sido peor, pero en las calles y caminos quedaron, además de ciudadanos heridos, y carros y bienes destruidos, varias víctimas institucionales.

En primer lugar, las fuerzas de choque del Orteguismo despojaron a la Policía de una facultad que es exclusiva de la misma: esas turbas se arrogaron el derecho de portar armas, de requisar y revisar vehículos, de decidir quién podía y quién no podía transitar por las carreteras públicas. Es más, se dieron el lujo de agredir a garrotazos y pedradas a la propia Policía. De repetirse esta historia, atrás quedará la promisoria historia reciente de monopolio estatal y legal del poder coercitivo.

En segundo lugar, la ley. La impunidad delictiva, cuando la propia Ministra de Gobernación, y el Procurador de Derechos Humanos, han justificado los hechos, y ninguna autoridad establece responsabilidades ni penales ni civiles por lo ocurrido, habrá recibido viento de cola.

Pero el único responsable de la situación que ha enfrentado la Policía, es el Presidente Ortega.

Si los hechos mencionados se suman a otros cierres de espacios democráticos y electorales, entonces la posibilidad tan penosamente construida de poder convivir pacíficamente en democracia, por primera vez en nuestra historia, se nos empezará a escurrir entre los dedos de las manos.

Y por nuestra historia, y la de otros países, ya sabemos lo que aguarda al final de ese camino. La catástrofe.
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