19 ago. 2008

RESCATAR LA INSTITUCIONALIDAD EN NICARAGUA

Aunque en lo personal considero que nuestro país necesita de una sacudida radical que pase por la revisión de las teorías ideológicas que sustentan nuestro quehacer político, se hace evidente que es indispensable por el momento rescatar a lo inmediato la institucionalidad en lo que respecta a los aspectos jurídico y jurisdiccional para evitar una inminente debacle económica y social.

Con mucha preocupación apreciamos que día a día, y palmo a palmo, avanza y se consolida un proyecto seudopolítico que tiene como elementos facilitadores a la corrupción generalizada y la falta de valores y principios ideológicos, como también morales, de las cúpulas partidarias, casi sin excepción. ¿Y qué estamos haciendo para evitarlo?

Los medios no oficialistas se encuentran enfrascados en la polarización de las próximas elecciones municipales, coadyuvando con el planteamiento del bipartidismo que el PLC y el FSLN tratan de imponernos desde que decapitaron a los dos exponentes de la oposición que de alguna manera podrían entorpecer el proyecto emprendido y acorralaron a Eduardo Montealegre para que pasara a “fortalecer” al socio minoritario PLC. Así pues, alentar a la población para que vote en contra de los candidatos del FSLN no necesariamente es la mejor opción, porque es obvio que el PLC es colaborador necesario del FSLN en todos sus negocios y manejos gubernamentales de manera que votando por cualquiera de ambos partidos lejos de debilitar el pacto, que debería de ser la meta, se le está ratificando. ¿Resuelve algo Nicaragua si uno de los dos socios pasa a tener más acciones dentro de un negocio menor de la gran empresa que ambos manejan?
El problema jurisdiccional (la Administración de Justicia deficiente) nos impide saber a ciencia cierta si Daniel Ortega es violador, como lo afirma Zoilamérica, si Arnoldo Alemán es ladrón, como lo ha afirmado la Procuraduría en su oportunidad, o si Eduardo Montealegre es defraudador del Estado, como ahora lo afirma la Fiscalía. No obstante, es un hecho que la moralidad de estos tres ciudadanos debería al menos de estar en entredicho y ser verdadero motivo de preocupación para todos (as) los (as) nicaragüenses, máxime cuando la responsabilidad penal de Montealegre deviene de una denuncia formulada por organizaciones de la Sociedad Civil y no precisamente del FSLN (quien, por supuesto, no puede desaprovechar la oportunidad). Dicho de otra manera, el destino de Nicaragua está en manos de tres posibles delincuentes y la declaratoria de culpabilidad o inocencia de cada uno de ellos está en manos de fieles partidarios de los partidos socios PLC y FSLN que manejan esos supuestos delincuentes, lo cual nunca nos permitirá conocer a ciencia cierta si la resolución final de cada caso es motivada en la estricta aplicación del Derecho o en la negociación “política” más conveniente. ¿Es esto lógico, razonable, admisible o permisible?

La Sociedad Civil organizada, y los simples ciudadanos, estamos en la posición de un portero a quien dos contrincantes disparan penaltis simultánea y consecutivamente: manoteando sin sentido en una y otra dirección sin detenernos a pensar que eso va contra las reglas del juego, porque ni siquiera somos nosotros oficialmente el portero. Sin embargo, todos los goles cuentan en contra. Se nos pasaron: la penalización del Aborto Terapéutico, la Ley contra el Fraude Energético, la decapitación de los Partidos, cada uno de los préstamos irregulares del INSS, cada millón de los fondos del ALBA, el gasto del 19 de Julio (y muchos otros más), ah, y ahora nos preparan una Ley de Contrataciones del Estado. Estos son los aspectos jurídicos que nuestros flamantes y muy bien remunerados diputados están “descuidando”. ¿Valdrá la pena seguir jugando en estas condiciones?

La Sociedad Civil organizada se plantea en estos momentos la tarea de formular propuestas concretas y emprender las luchas cívicas necesarias para lograr un cambio en las políticas gubernamentales erradas, como para que mediante un Diálogo Nacional se establezcan definitivamente los parámetros mínimos de un verdadero Proyecto de Nación consensuado entre todas las fuerzas activas y vigentes, que haya contado con el consenso mayoritario que sea posible alcanzar con las bases y los ciudadanos no organizados. Este es un largo proceso, talvez demasiado intrincado y extenuante; mientras nos organizamos, puede que nos ganen la partida. ¿Y si damos un paso a la vez?

En mi humilde opinión, el primer y más importante paso que podemos dar, en la dirección a emprender, es el de exigir a lo inmediato la reestructuración del Poder Judicial, comenzando por la destitución de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el nombramiento de otros que sean electos de conformidad con las Leyes establecidas al efecto, tomando en cuenta las nominaciones de la Sociedad Civil, las Universidades y las Asociaciones de Abogados. Las causas para destituir no serían rebuscadas, están en los archivos noticiosos de los últimos años y cada día surge una nueva; los mecanismos legales también están a la mano. Si creemos que podemos ejercer la presión suficiente para que el Gobierno nos escuche en las propuestas de un Diálogo Nacional, es más que probable que podamos alcanzar el objetivo de que nos cambien el árbitro para que se apliquen correctamente las reglas del juego. ¿Probamos?
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