8 dic. 2007

Consejos del Poder Ciudadano (CPC) en Nicaragua, la debacle de las instituciones jurídicas:

El treinta de noviembre de este año, Daniel Ortega Saavedra, instaló los Consejos del Poder Ciudadano pasando encima de un Decreto emitido por la Asamblea Nacional de Nicaragua.

La discusión legal acerca de la instauración de estos Consejos ha costado al Frente Sandinista de Liberación Nacional el desenmascaramiento de su política abusiva de corte dictatorial y de la fidelidad mafiosa de sus miembros dentro del Poder Judicial, más precisamente los Magistrados que tiene en la Corte Suprema de Justicia.

Si alguien tenía alguna duda, o pensaba otorgar un compás de espera, para determinar si Daniel Ortega enderezaría el barco enrumbándose hacia una verdadera democracia en beneficio de las grandes mayorías y apegado a los principios de Legalidad y División de Poderes que rigen al Estado de Nicaragua; creo que estas actividades las han disipado y nos dejan claro que no podemos pedir más peras al olmo: Daniel Ortega es un Dictador y como tal pretende estar por encima de todo y de todos.
Los seguidores de Daniel Ortega pretenden que los CPC son una manifestación popular y están protegidos por el Derecho de Asociación que nuestra Constitución Política recoge en su artículo 49, el problema consiste en que no son los pobladores quienes de manera espontánea han decidido organizarse y crear los CPC, sino que es el Gobierno de Daniel Ortega quien de manera indirecta impone a los ciudadanos estos Consejos que a la postre servirán para justificar sus tropelías bajo la apariencia de contar con el respaldo popular.

Ya estamos presenciando cómo a través de los CPC se está comercializando granos básicos y aceite a precios más bajos que los del mercado (afectando a miles de pequeños comerciantes que se dedican a la venta de estos productos), así como también se pretende el otorgamiento de créditos a bajos intereses y el manejo de otros programas de interés social. Curiosamente, al establecimiento de los CPC ha precedido un alza inexplicable de precios en productos que no escasean en el país (como el arroz y los frijoles) y ahora resulta que los CPC vienen a salvar a los más pobres facilitando esos productos a bajo precio.

Acerca del caso del arroz les recomiendo leer la nota en este enlace relativo al CAFTA que aclara algunos detalles interesantes sobre los interesados (http://notlc.simas.org.ni/noticias/16). El problema del frijol parece más relacionado con la escasez en El Salvador y los problemas ocasionados por los cambios climáticos este año.
En fin, las reformas a la Ley 290 (en especial el artículo 11 relativo a la creación de los Consejos) se produjeron ante la evidente falta de previsión de los Diputados de la Asamblea Nacional, quienes desde la instauración del nuevo Gobierno se la pasaron en disputas internas los liberales (ALN y PLC); buscando como salvaguardar su correlación de fuerzas en el coqueteo con la Presidencia y sus traseros quienes pueden ser llevados ante el Poder Judicial (dominado por los Sandinistas) para ser condenados por cualquier abuso de tantos que han cometido (Montealegre y Alemán, a este último lo defienden servilmente los Diputados del PLC como si fuera el propio pellejo el que está en juego). Luego de ese estúpido error el resto del año los diputados se la han pasado tratando de corregirlo y así llegó el Decreto 630 que impide a los CPC tener incidencia en las funciones del Poder Ejecutivo, este Decreto fue vetado por Daniel Ortega.

El 20 de noviembre de este año con 52 de 93 votos la Asamblea Nacional rechazó el veto presidencial y ordenó la publicación del Decreto ya mencionado y aquí comenzó un nuevo capítulo de los ridículos en que incurre nuestro Poder Judicial:

La Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua acogió un Recurso de Amparo interpuesto por Directivos de los CPC y ordenó la suspensión del acto de publicación del Decreto, esto ocurrió poco más de una hora después de introducido el recurso el mismo 20 de noviembre. En respuesta a este "Amparo" un Diputado liberal obtuvo una resolución del Tribunal de Apelaciones de Bluefields que dejaba sin efecto la de Managua y un poco después un nuevo Amparo en Matagalpa dejaba sin efecto el de Bluefields comentando este circo uno de los Payasos Mayores del Poder Judicial, Rafael Solís, dijo (obviamente sin ninguna vergüenza): "Seguramente habrá una guerra de resoluciones en todo el país, pero los liberales están en desventaja porque sólo tienen control sobre dos tribunales de apelaciones el de Bluefields y Masaya y nosotros, FSLN, sobre siete".

Ese despreciable ciudadano que ocupa tan importante cargo público ha hecho de comentarista de la crisis en todo momento, lo que en Derecho se conoce como Implicancia, y formó parte del grupo de "Magistrados" (qué gran palabra para tan insignificantes personalidades) que el día cinco de diciembre decidió la validez del Amparo en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La lista de la ignominia judicial incluye los nombres de los sandinistas: Francisco Rosales, Rafael Solís, Yadira Centeno, Armengol Cuadra y Juana Méndez Pérez; los tres últimos ni siquiera son miembros de la Sala Constitucional y sustituyeron a los verdaderos miembros: Dámisis Sirias, Iván Escobar Fornos y Guillermo Selva quienes son de tendencia liberal.
Ante estas actividades no caben comentarios jurídicos, no podemos analizar los procesos violentados (ni siquiera existieron tales procesos) y no resta más que sonar la alarma para que nos aprestemos al combate... en Nicaragua no existe un verdadero Poder Judicial y el Poder Legislativo ha sido anulado de facto... estamos en presencia de un Golpe de Estado técnico, real y manifiesto. A partir de este momento, si no emprendemos acciones aceleradas, concretas y radicales, Nicaragua habrá dejado de ser República.

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