16 dic. 2007

Alejandro Serrano analiza la crisis actual del Estado de Nicaragua:


Siendo el Dr. Alejandro Serrano una de las voces más respetables y autorizadas a nivel nacional e internacional, su opinión es importante para interpretar y comprender los alcances de la situación jurídica y política de nuestro país en estos momentos en que el Gobierno está resquebrajando la débil institucionalidad que hemos alcanzado durante las últimas dos décadas.

En especial se hace referencia a los CPC, más específicamente a la Sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia al respecto.
Ex presidente de CSJ ante conflicto de ese poder (Entrevista de El Nuevo Diario)

“Pocas veces se degradó tanto Estado de Derecho”

“Su debilitamiento lleva directo al autoritarismo”, dice al citar obra clásica del jurista Von Ithering

Eloisa Ibarra

END - 21:20 - 15/12/2007


El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Serrano Caldera afirmó ayer que el país vive una incertidumbre jurídica porque los instrumentos legales se utilizan como medios de acción y presión política, donde se trata de ajustar las cosas a efectos de que produzcan consecuencias en la contradicción política existente.

A juicio de Serrano, el país enfrenta una de las mayores crisis institucionales y jurídicas, donde pocas veces como ahora se ha degradado el Estado de Derecho, provocando una tremenda inestabilidad, una completa incertidumbre en los instrumentos que emiten los órganos supremos del Poder Judicial.

En estas circunstancias considera fundamental “La lucha por el derecho”, como se titula el clásico del jurista alemán Rudolf Von Ithering, en el cual advierte del peligro que conlleva a una sociedad el que el derecho se subordine a la política y se utilice como instrumento para justificar lo que no tiene justificación.

Serrano recordó que desde finales del siglo XIX e inicios del XX, antes de que surgiera en Europa el fascismo y las actitudes verticales, Rudolf advirtió que todo debilitamiento del derecho puede llevar al autoritarismo y a convertirse en una tentación del poder.

El límite del poder

El poder es necesario para que no exista anarquía, pero el derecho es el límite del poder, y el poder es lo que la ley dice que es el poder, y las instituciones no son instrumentos en manos del poder para tratar de justificar sus acciones de facto, sino que la causa y el cauce del ejercicio del poder, indicó el Serrano, tras expresar su preocupación por la crisis que atraviesa la CSJ.

El poder, agregó, nace de la institución, y la idea del Estado de Derecho es despersonalizar el ejercicio del poder, que nace del acuerdo político para crear instituciones y someterse a ellas, y no para que el poder someta a las instituciones.

En Nicaragua, afirmó, el poder se debe ejercer de acuerdo a normas específicas, como las establecidas en los artículos 130 y 183 de la Constitución Política, y si la Constitución y la Ley no incluyen el proceso de formación de la ley, como sujeto de recurso de amparo se debe respetar.

El también filósofo brindó las reflexiones después de señalar las irregularidades cometidas en la sentencia del caso de la Ley 630 por parte de la Sala Constitucional de la CSJ.

Opinó que la Sala Constitucional fue mal convocada y mal conformada, lo que equivale a su no constitución, y por consiguiente a su falta de capacidad legal para producir actos jurídicos que produzcan efectos jurídicos. “Si no existe el órgano con la capacidad legal, no puede ser sentencia ni producir consecuencias jurídicas”.

Donde nace lo ilegal

Explicó que la sentencia declara inconstitucional la Ley 630 un día antes de que ésta haya sido publicada, y no puede haber una declaración de inconstitucional si no es en contra de la ley, y esa ley no había nacido porque aún no se había dado la publicación para terminar el proceso de formación de la ley. “No podían declarar inconstitucional algo que aún no es sujeto de recurso”.

Mientras la Corte Plena no ratifique la sentencia, no tiene efectos para todos, ni se puede aplicar la inaplicabilidad de la ley, lo que a criterio de Serrano crea una tremenda inestabilidad e incertidumbre en los instrumentos que emiten los órganos supremos del Poder Judicial.

Para Serrano la salida a la situación creada por el Poder Ejecutivo, es que la Corte Plena conozca la sentencia de la Sala Constitucional para establecer si es constitucional o no la Ley 630.

Recordó que todo tiene su origen en la admisión del recurso de amparo de parte de la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones, lo cual no se podía hacer porque la Constitución y la Ley de Amparo establecen claramente cuáles actos son sujetos del recurso de amparo.

Indicó que aunque existe la sentencia de 2004, que dejó sin efecto el artículo 51, inciso dos, de la Ley de Amparo, contra el proceso de formación de la ley, sigue vigente el artículo 188 de la Constitución, donde se define que el objeto del amparo es contra toda disposición, acto o resolución.

En este caso, explicó, hay un proceso de formación de la ley que culmina con su publicación, que no es acto administrativo, sino que es parte constitutiva del proceso de formación de la ley.

Asimismo, el artículo tres de la Ley de Amparo establece que procede contra todo acto, resolución y disposición, indicó Serrano, tras afirmar que en materia de derecho público y constitucional es restrictiva la interpretación, y sólo se puede hacer lo que la ley dice.

El doctor Serrano considera que cualquier acuerdo entre las fuerzas políticas para encontrar una salida a la crisis tiene que ser dentro de los términos que la ley y la Constitución Política establecen, pero nunca un acuerdo político debe ser para violar la Constitución y la ley.

En ese sentido su criterio es que debe ser la Corte Plena la que se pronuncie en torno a lo decidido por la Sala Constitucional, porque si hay un poder del cual depende el ejercicio de la democracia y la estabilidad de una sociedad, es el Poder Judicial, el referente, el fiel de la balanza que está por encima de las pasiones políticas, independiente de que sus miembros provengan de partidos políticos o tengan su ideología, porque es parte de sus derechos.

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