8 nov. 2007

¿Primera amenaza norteamericana a Ortega?:

Democracia: en Principio y en la Práctica

“Los Estados Unidos está comprometido a la promesa de un hemisferio democrático. Y para contribuir a la realización de esta promesa, estamos dispuestos a trabajar con cualquier gobierno que se comprometa a la democracia, tanto en principio como en la práctica.” Secretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos, John Negroponte 18 de septiembre de 2007

Por Paul A. Trivelli*

18:32 - 05/11/2007

Elecciones, constituciones que incorporan la separación de poderes y leyes que codifican los derechos de los ciudadanos son todos elementos claves de cualquier estado democrático. Pero una democracia funcional requiere de otros ingredientes para ser exitosa. Las elecciones deben ser justas y transparentes --y los ganadores deben comprender que su victoria no les confiere el poder ilimitado. El concepto de “pesos y contrapesos” entre los poderes de estado debe ser empleado para detener cualquier exceso de uno de los poderes. Las leyes deben ser administradas expedita e imparcialmente, libres de distorsiones partidarias. La libertad de asociación, expresión, y de prensa deben prosperar. Los derechos de las minorías, tanto étnicas como políticas, deben ser respetados. Los políticos deben forjar un eslabón entre la democracia y el desarrollo, reconociendo a través de sus acciones que el camino hacia la prosperidad nacional y la justicia social recae en proporcionar las herramientas necesarias a los individuos para que labren su propio futuro y generen riqueza personal, a través de elementos tales como la reducción de los trámites burocráticos, mayor acceso a crédito financiero, mejores escuelas y clínicas, infraestructura moderna, calles seguras, un clima estable de inversión y el respeto a la propiedad privada.

En resumen, las democracias deben ser democracias tanto en principio como en la práctica.

A pesar de la experiencia histórica relativamente corta que tiene Nicaragua con la democracia, la mayoría de los nicaragüenses valoran altamente su forma actual de gobierno. Según un estudio de opinión de mayo de 2007, hecho por Ipade, el 89% de los nicaragüenses están de acuerdo con que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno; 61% rechaza que bajo ninguna circunstancia un gobierno autoritario sea preferible a uno democrático. Los nicaragüenses también comprenden claramente que la democracia abarca muchos elementos y están de acuerdo en que, “elecciones regulares, libres y transparentes” (25%), “una economía que asegure un ingreso digno” (19%), “libertad de expresión para criticar libremente” (16%) y “un sistema judicial que trate por igual a todos” (13%), son las características prioritarias para una democracia.

Por otro lado, muchos nicaragüenses no están seguros de que su democracia esté marchando bien. De hecho, el 45% no cree que “Nicaragua vive en una democracia.” ¿Por qué no? “Los políticos no cumplen sus promesas”, “nadie defiende a los pobres”, “mandan sólo los ricos,” y “no hay justicia”, son sus respuestas más frecuentes. Solamente el 33% de los nicaragüenses está “algo” o “muy” satisfechos con la democracia actual. La corrupción (47%), los partidos políticos (18%) y el Gobierno (16%) son considerados los tres principales obstáculos para consolidar la democracia en Nicaragua.

Estos resultados sugieren que, si bien los nicaragüenses abrazan la democracia en principio, la práctica democrática en Nicaragua no está cumpliendo con sus expectativas.

De hecho, hay muchos ejemplos de los acontecimientos políticos en los últimos meses, sin mencionar los resultados de la encuesta reciente de Cid-Gallup, que harían que cualquier nicaragüense que esté analizando el estado actual de la democracia de su país tome pausa. Unos cuantos ejemplos:

El Poder Ejecutivo persuadió a una jueza local a que emitiera un embargo estructurado de forma cuestionable en contra de los bienes de una compañía extranjera basándose en el incumplimiento del pago de impuestos aduaneros -- impuestos que la misma ley claramente exime a la empresa del pago.

La Asamblea continúa “investigando” el supuesto involucramiento directo de un ex Presidente en un acto de tráfico de inmigrantes, alegatos que son casi seguramente infundados y que aparentan ser motivados políticamente. Otro ex Presidente --en teoría todavía un reo del sistema penal-- almorzó públicamente con “sus” representantes de la Asamblea Nacional, la Fiscalía, el Sistema Judicial, la Contraloría General de la República y el Consejo Supremo Electoral.

El Ejecutivo ha estado presionando a los medios de comunicación críticos a sus políticas a que paguen ciertos impuestos a pesar de una queja interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia, mientras al mismo tiempo restringe el presupuesto publicitario gubernamental a sólo los medios de comunicación “oficiales”.

La Contraloría General de la República, la Fiscalía, la Asamblea Nacional, los partidos políticos y los Tribunales han estado investigando el caso de los Cenis durante meses, todos ignorando ampliamente la aparente mala fe de los administradores y de los dueños de los cuatro bancos fallidos, decidiendo procesar, en cambio, a aquellos individuos a quienes se les encomendó la tarea de intentar reparar la pesadilla financiera que dejó la irresponsabilidad de los banqueros. Una vez más, las investigaciones no parecen apuntar al tema de los malos actos, sino la eliminación de los oponentes políticos y buscando ganancias partidarias.

El Ejecutivo sigue insistiendo en otorgarle una gran medida de poder ejecutivo a los Consejos de Poder Ciudadano (CPC), a pesar de que estos Consejos se componen casi exclusivamente por miembros de un solo partido político, que son escogidos de forma menos que transparente.

El liderazgo de la Asamblea Nacional, el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia “cooperaron” para quitarle la diputación a un representante debidamente electo cuyo gran “pecado” fue exponer públicamente tratos cuestionables sobre la propiedad.

Todos estos ejemplos sugieren que existe una verdadera debilidad en la institucionalización de la democracia nicaragüense. En conjunto, demuestran el desvanecimiento de la línea clara que debe existir entre el ejercicio del poder por parte de dirigentes políticos para actividades partidistas frente a la administración pública; la colusión entre supuestos poderes independientes del gobierno; el uso de la maquinaria gubernamental para penalizar a adversarios políticos y la administración de la justicia de forma partidaria. Considerados por aparte, quizás cada uno de estos ejemplos podrían ser caracterizados como una aberración aislada de una democracia básicamente sana. Después de todo, ninguna democracia funciona a la perfección. Sin embargo, en su conjunto pueden representar una tendencia preocupante por la democracia y las instituciones democráticas en Nicaragua.

Al final, son los nicaragüenses los que deben decidir si está pasando una sombra oscura sobre la democracia del país. Son los nicaragüenses quienes deben decidir si su clase política está manejando la práctica de la democracia de forma aceptable. Y son los nicaragüenses quienes deben decidir cuales acciones, si acaso alguna, deben tomarse.

En los últimos meses he repetido muchas veces que los Estados Unidos mantiene un compromiso de larga data con el pueblo nicaragüense para ayudarles en sus esfuerzos por fortalecer su democracia, aumentar la inversión social, ampliar las oportunidades económicas y fortalecer la seguridad regional. Prueba de nuestro compromiso va desde la labor que ejecuta la Fundación Reto del Milenio en León y Chinandega, hasta la expansión de los beneficios económicos que brinda el Cafta-DR, y nuestro programa extensivo de ayuda humanitaria para las víctimas del huracán “Félix” y las recientes inundaciones. Como señaló el Secretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos, John Negroponte, en su discurso del 18 de septiembre, “estamos plenamente comprometidos con el éxito de nuestros socios democráticos. Y vamos a ayudar a nuestros amigos y vecinos a construir sociedades libres, prósperas e incluyentes que beneficien a sus ciudadanos, y que aseguren la paz duradera en las Américas”.

Y para que nuestros socios democráticos tengan éxito, la democracia debe funcionar tanto en principio como en la práctica.

*Paul A. Trivelli es Embajador de los Estados Unidos de América en Nicaragua.

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