14 sept. 2007

El Aborto Terapéutico penalizado:

Continuando con el proceso de destrucción, emprendido por Danielistas y Arnoldistas, el día de ayer se terminó de enterrar la posibilidad de que las mujeres con embarazos extremadamente riesgosos para su vida puedan recibir ayuda médica consistente en la interrupción de dicho embarazo.
Ciertamente he podido comprobar que la mayoría de la población nicaragüense es indiferente al tema del aborto terapéutico, en su mayoría los ciudadanos opinan que el aborto debe ser totalmente prohibido, tal y como efectivamente fue determinado por los diputados de las bancadas PLC, FSLN y ALN (nuestro partido MRS fue el único que votó en contra de la abolición). En realidad aquí tienen incidencia dos aspectos fundamentales, el primero de los cuales es la ignorancia, en tanto el segundo es la doble moral impuesta por las iglesias católica y evangélica.
Seguramente las mujeres que cargan embarazos no deseados continuarán abortando, aunque para ello tengan que invertir un poco más de dinero saliendo del país; o se sometan a riesgosos procedimientos clandestinos. Con toda sinceridad creo que se establecerá el monopolio de los abortos clandestinos en alguna de las clínicas que pertenecen a asociaciones de mujeres afines al FSLN y que en la actualidad los practican en grandes cantidades. Digo que se establecerá ese monopolio porque nadie se ocupará de perseguir a las Danielistas.
El problema verdadero radica en que las pobres mujeres que acudan al sistema nacional de salud están condenadas a la muerte en caso de que se determine un embarazo de alto riesgo, son esas mujeres las que (posiblemente sin desear practicarse un aborto, pero sin otra salida que tomar) sufrirán las consecuencias de la Ley retrógrada recién aprobada. Hace más de cien años nuestros legisladores habían instituido el Aborto Terapéutico y así hoy hemos retrocedido más de cien años en nuestra historia jurídica nacional.
Las leyes (su redacción y establecimiento) no son, en esencia, democráticas; si, por ejemplo, consultamos a la población acerca de la posibilidad de disminuir o eliminar todas las cargas impositivas, es obvio que todos estaríamos de acuerdo. No obstante, es hartamente sabido que el Estado vive de los impuestos y así, a los Diputados les importa menos que un comino lo que la población piense al respecto. De la misma manera, en el caso de los abortos por recomendación médica no puede ser trascendente la opinión de la población o del clero, porque los curas y pastores no son quienes van a parir o a morir en un parto, ni es la mayoría que opina con desconocimiento de causa.
Las carencias de que padece nuestro sistema de salud, la falta de programas y políticas de apoyo estatal a las madres solteras, o a las familias de escasos recursos; esos son los elementos que debieron tomar en cuenta los legisladores para actuar responsablemente. El Estado no tiene sentimientos y no puede acudir en defensa de dogmas y creencias religiosas; una vez más queda demostrado que los "parias de la patria" piensan con el intestino y no con el cerebro.
A continuación dejo el contenido de la nota periodística publicada por Univisión.
Nicaragua: diputados ratifican penas al aborto13 de Septiembre de 2007, 09:10pm ET
MANAGUA (AP) - Los diputados sandinistas y liberales de la Asamblea Nacional ratificaron el jueves la penalización del aborto terapéutico al votar por amplia mayoría para que éste continúe siendo sancionado hasta con tres años de cárcel.

Con 62 votos a favor de un total de 91 escaños, el plenario aprobó una moción presentada por el diputado liberal Eduardo Gómez, para que la figura del aborto sea vista como un delito en el Código Penal, tal como lo establecieron los diputados en octubre pasado en plena campaña electoral.
El 26 de octubre, a pocos días de los comicios generales del 5 noviembre, legisladores sandinistas y liberales derogaron esa figura médica del Código Penal publicado en 1893, atendiendo solicitudes de las iglesias y sectores conservadores.
El documento penal permitía la prácticar el aborto siempre que fuera determinado científicamente por al menos tres médicos y con el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer en riesgo.

Los diputados suprimieron un párrafo del artículo 143 del nuevo Código Penal que eximía de cualquier tipo de apremio al aborto terapéutico, toda vez que tres facultativos dictaminaran que esa diligencia fuera necesaria.
Un artículo aprobado establece: "Quien provoque aborto con el consentimiento de la mujer será sancionado con la pena de uno a tres años de prisión. Si se tratara de un profesional médico o sanitario, la pena principal simultáneamente contendrá la pena de inhabilitación de dos a cinco años para ejercer la medicina u oficio sanitario".
Otro articulado agrega que la mujer que intencionalmente cause su propio aborto o consienta que otra persona se lo practique "se le impondrá pena de uno a dos años de prisión".
Los diputados de la bancada minoritaria del disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS) fueron los únicos que se pronunciaron por la derogación de la penalización de la práctica médica.
La legisladora del MRS, Mónica Baltodano, dijo que enviará al domicilio de cada uno de los diputados que votaron por proscribir la figura terapéutica, "los nombres de todas las mujeres que mueran al no poderse practicar el aborto autorizado".
El diputado liberal José Pallais trató de justificar la penalización del aborto terapéutico al considerar que lo hicieron "en defensa de la vida de la mujer pobre y en contra de la cultura de la muerte, como manda la iglesia".

La decisión de los diputados ha sido reiteradamente criticada por la asociaciones médicas, movimientos feministas y organismos de defensa de los derechos humanos locales e internacionales que demandan una discusión "más científica y no política sobre el tema".

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